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        Revista de análisis Político y Cultural de El Salvador y Latinoamérica Diciembre 17, 2017     
 
 
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Carlos domínguez
Restricciones a la Libertad de Expresión
en El Salvador.

Carlos Domínguez. Periodista y docente universitario.
 
 

Carlos Domínguez, aborda en esta edición un tema de mucha discusión, y que en cada país del mundo tiene sus propias experiencias y aportes a la democracia. Este no es un tema de lectura es una realidad a discutir para edifiucar la democracia en El Salvador.

 
Libertad de expresión y derecho de acceso a la información son fundamentales y deben ser garantizados por los Estados, de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos.

Existe jurisprudencia que da base a esta obligación a los Estados en el caso Claude Reyes. La libertad de expresión es esencial para posibilitar el funcionamiento de la democracia y de la participación pública en la toma de decisiones.

Los ciudadanos no pueden ejercer su derecho al voto de manera efectiva o participar en la toma pública de decisiones si no cuentan con un libre acceso a la información y a las ideas, y si no pueden expresar sus opiniones libremente.

No solo se trata de efectos de impacto político. Es importante considerar el aporte de la libertad de expresión en la dignidad individual, la participación, la rendición de cuentas y la democracia.

Recuérdese lo establecido en el art.13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en lo referido la libertad de buscar, recibir y divulgar información sin ningún tipo de frontera, y no puede ser objeto de censura, sino de responsabilidades ulteriores.

Parabrisas de prensa extranjera tiroteado durante la guerra civil en El Salvador.

Las violaciones a la libertad de expresión frecuentemente van de la mano con otras agresiones; particularmente del derecho de libre asociación y reunión, como en la guerra sucia contra los medios de comunicación vivida en El Salvador entre 1976 y 1983.

Tras décadas de dictaduras, autoritarismo y conflictos armados en la mayoría de los países, América Latina dio un giro hacia una oleada democrática expresada en eventos electorales, que no han estado exentos de abusos como la concentración del poder que intentó en Guatemala el presidente Jorge Serrano Elías en 1993, siguiendo el modelo de Alberto Fujimori en Perú a inicios de esa década.

Denuncia del atentado sufrido por el periódico "El Independiente", único medio que informaba sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos por el gobierno de turno

Los aires democráticos han creado un escenario en el que se permite atender asuntos que han estado relegados a un plano secundario, como la libertad de expresión.

El contexto para ejercer el derecho de acceso a la información pública
Durante los últimos años se han dado pasos en función de garantizar el pleno respeto a la libertad de expresión. Aportes para aplicar mecanismos regionales, nuevas oportunidades con el uso de internet y la transmisión satelital mundial, conviven con amenazas como los monopolios de los medios globales y presiones sobre medios de comunicación independientes.

La información en poder del Estado y sus representantes, es parte del debate sobre la libertad de información, que incluye asegurarse del derecho del público a ser informado.

Además, los diferentes instrumentos internacionales y de derechos humanos promueven ante los gobiernos leyes que incluyan el principio de máxima revelación, la obligación de sus instituciones a publicar información clave, y apliquen el gobierno abierto.

¿Caben las restricciones?
El acceso a la información pública no es absoluto, y está sujeto a limitaciones de diversas naturalezas que deben estar expresamente establecidas en una norma.

Esta puede ser la propia Constitución, la ley de acceso a la información pública, o que ésta o alguna ley especial ordenen confidencialidad sobre determinado tipo de información.

Las excepciones al derecho a la información pública deben ser sometidas a una rigurosa justificación y prueba, debido a que rompen el principio general de publicidad que como plantea Villaverde “se infiere de las normas constitucionales, en particular, de los principios estructurales del Estado y los derechos fundamentales.”

El derecho de acceso a la información puede ceder ante otros a los que se concede primacía en aras de proteger un interés superior de naturaleza pública o privada.

Se acepta que determinadas circunstancias admitan restricciones, para proteger los derechos y la reputación de otros o para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas.

En el caso del orden público y seguridad nacional, son con frecuencia amplias y vagas. Los organismos internacionales y regionales plantean que deben ser aplicadas en caso exista el riesgo de daño inminente, y que el riesgo sea de daño serio, como violencia u otra acción ilegal.

Además, que haya un vínculo causal cercano entre el riesgo de daño y de expresión; y que ésta haya sido hecha con la intención de causar el daño.

Formas de impedir la libertad de expresión
Cuando desde el poder público se imponen medios para impedir la libre circulación de información, ideas, noticias u opiniones, como censura previa, secuestro o la prohibición de publicaciones.

Restricciones al derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, en mayor medida o por medios distintos de los autorizados por la misma Convención; y todo ello con independencia de si esas restricciones aprovechan o no al gobierno.

Ver http://www.cidh.org/annualrep/98span/Volumen%20III%20Capitulo%202.htm#38

 

1o de julio de 2014
 
Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Este caso se refiere a la negativa del Estado de brindar a Marcelo Claude Reyes, Sebastián Cox Urrejola y Arturo Longton Guerrero cierta información que requirieron al Comité de Inversiones Extranjeras, relacionada con la empresa forestal Trillium y el proyecto Río Cóndor, el cual era un proyecto de deforestación que se llevaría a cabo en Chile. A través de esta sentencia, la Corte Interamericana reconoció que el derecho de acceso a la información es un derecho humano protegido por el artículo 13 de la Convención American

Villaverde Menéndez, Estado democrático e información: el derecho a ser informado, p35.

 
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